En San Juan, Puerto Rico. 20 de septiembre de 2012.- María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) al Senado y a la Cámara por acumulación, propusieron hoy la creación de un Fondo destinado a auxiliar a las entidades que proveen servicios de abogado en casos civiles a ciudadanos que no pueden sufragar su representación legal.

"La Constitución garantiza asistencia legal en todo caso criminal, sin embargo, para las controversias civiles --algunas de importancia trascendental en la vida de la gente – son pocos los recursos disponibles para servicios de abogado gratuitos o a muy bajo costo", indicó la licenciada Santiago. "Entre estos casos están, por ejemplo, las reclamaciones para que los niños de educación especial reciban los servicios que la ley les garantiza, los casos de las mujeres que buscan protección bajo la ley 54, las madres o los padres que reclaman custodia o pensión alimentaria para sus hijos, y familias que enfrentan problemas de ejecución de hipoteca o de desahucio". 

"En armonía con una iniciativa promovida por Servicios Legales de Puerto Rico, presentaremos, como una de nuestras primeras medidas legislativas, un proyecto de ley dirigido a crear el Fondo para la Representación Legal en Casos Civiles, que se nutriría de los intereses generados por el dinero provisto por los clientes a sus abogados como adelanto de los costos de litigios, el cual tendría que ser depositado en cuentas especialmente designadas y reguladas", señaló el licenciado Márquez.
Este sistema, conocido en inglés por sus siglas IOLTA (Interest on Lawyers Trust Accounts, traducible como Programa de Intereses sobre Cuentas Plica de Abogados y Abogadas) genera unos $127 millones anuales a través de los Estados Unidos, donde existe, bien por legislación o por reglamentación del Tribunal Supremo estatal, en todas las jurisdicciones. El Programa funcionaría de la siguiente forma: cuando un cliente entrega dinero a un abogado con el fin de cubrir los costos de un litigio, ese dinero debe ser depositado en una cuenta de plica, separada de fondos que pertenezcan al abogado; esas cuentas devengarían intereses, que pasarían al Fondo, y se distribuirían entre distintas entidades que proveen servicios legales gratuitos en casos civiles.

Este Proyecto funcionaría junto a otras iniciativas, como el compromiso para asignar mayores fondos gubernamentales a organizaciones como la Corporación de Servicios Legales, la extensión de programas de práctica compensada, el apoyo a las clínicas de las Escuelas de Derecho y Pro Bono del Colegio de Abogados, y la reformulación de las funciones de entes como la Procuraduría de la Mujer. "Como inicialmente concebimos la Procuraduría en el PIP, fue como una agencia que proveería servicios directas, incluyendo representación legal y además con facultades adjudicativas", puntualizó Santiago.

"Además, es fundamental revisar los criterios para legitimación activa –es decir, quién puede comparecer al tribunal a solicitar un remedio—que ha sido limitado por la jurisprudencia, y darle paso a figuras que ha propuesto el PIP, como la del Procurador del Ambiente, que daría asistencia a personas y comunidades afectadas por proyectos de impacto ambiental", añadió el licenciado Márquez.

Además, ambos abogados subrayaron la importancia de que los ciudadanos reciban orientación adecuada sobre sus derechos, en particular en temas como educación especial, asuntos laborales y temas de familia. Haz clic aquí para modificar.

"Llevo más de 20 años representando como abogado a empleados públicos, a uniones y asociaciones de empleados. Y esta escena la hemos visto en cada año electoral. Recordemos lo que sucedió en el 2008 que aunque tenían una tranquilla legal impuesta en el presupuesto, se buscó un atajo a través de la oficina de Recursos Humanos para autorizar los nombramientos. Cada corporación tiene su propio reglamento de personal y actúa sin ninguna fiscalización real del gobierno central. No sólo son nombramientos, es que también van a otorgar a última hora ascensos, reclasificaciones, pasos por méritos, diferenciales porque después del 7 de septiembre están prohibidos por la veda electoral", advirtió Márquez.

San Juan, Puerto Rico. 2 de septiembre de 2012 - María de Lourdes Santiago, candidata al Senado por Acumulación, y Edda López, candidata a la Alcaldía de Bayamón y secretaria de Asuntos de la Mujer del PIP, presentaron hoy las propuestas de gobierno de esa colectividad para atender las necesidades y reclamos de las mujeres puertorriqueñas. En conferencia de prensa a la que asistieron otras candidatas independentistas, Santiago indicó que “el tema de la mujer está presente no sólo en las propuestas recogidas esta sección; hemos querido adoptar un acercamiento transversal que reconozca que a la mujer la afectan asuntos que no tienen que estar etiquetados como asuntos de género. Por ejemplo, en las secciones de salud, educación y economía  hay acápites separados para la mujer”. 

María de Lourdes Santiago Negrón/Especial para CLARIDAD

Mucho menos se ha hablado de la primera pregunta que figurará en la papeleta, y que propone enmendar la Constitución en nueve renglones, de tal forma que se altere la composición de los distritos electorales y de los dos cuerpos legislativos. Animados, según alegan, por el justiciero espíritu de cumplir una promesa de campaña (¡si tan sólo les hubiera importado tanto honrar la votación sobre la unicameralidad!), los legisladores del PNP proponen, como cura a los males legislativos, una reducción de senadores y representantes, en un esquema que, en realidad, sólo servirá para multiplicar las deficiencias y abusos de los que ya es sede el Capitolio. Y, por aquello de continuar demostrando que él y Fortuño son como gemelos separados al nacer, el Senador García Padilla se ha unido tanto a esta propuesta como a la de limitar el derecho a la fianza.