En San Juan, Puerto Rico. 20 de septiembre de 2012.- María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) al Senado y a la Cámara por acumulación, propusieron hoy la creación de un Fondo destinado a auxiliar a las entidades que proveen servicios de abogado en casos civiles a ciudadanos que no pueden sufragar su representación legal.
"La Constitución garantiza asistencia legal en todo caso criminal, sin embargo, para las controversias civiles --algunas de importancia trascendental en la vida de la gente – son pocos los recursos disponibles para servicios de abogado gratuitos o a muy bajo costo", indicó la licenciada Santiago. "Entre estos casos están, por ejemplo, las reclamaciones para que los niños de educación especial reciban los servicios que la ley les garantiza, los casos de las mujeres que buscan protección bajo la ley 54, las madres o los padres que reclaman custodia o pensión alimentaria para sus hijos, y familias que enfrentan problemas de ejecución de hipoteca o de desahucio".
"En armonía con una iniciativa promovida por Servicios Legales de Puerto Rico, presentaremos, como una de nuestras primeras medidas legislativas, un proyecto de ley dirigido a crear el Fondo para la Representación Legal en Casos Civiles, que se nutriría de los intereses generados por el dinero provisto por los clientes a sus abogados como adelanto de los costos de litigios, el cual tendría que ser depositado en cuentas especialmente designadas y reguladas", señaló el licenciado Márquez.
Este sistema, conocido en inglés por sus siglas IOLTA (Interest on Lawyers Trust Accounts, traducible como Programa de Intereses sobre Cuentas Plica de Abogados y Abogadas) genera unos $127 millones anuales a través de los Estados Unidos, donde existe, bien por legislación o por reglamentación del Tribunal Supremo estatal, en todas las jurisdicciones. El Programa funcionaría de la siguiente forma: cuando un cliente entrega dinero a un abogado con el fin de cubrir los costos de un litigio, ese dinero debe ser depositado en una cuenta de plica, separada de fondos que pertenezcan al abogado; esas cuentas devengarían intereses, que pasarían al Fondo, y se distribuirían entre distintas entidades que proveen servicios legales gratuitos en casos civiles.
Este Proyecto funcionaría junto a otras iniciativas, como el compromiso para asignar mayores fondos gubernamentales a organizaciones como la Corporación de Servicios Legales, la extensión de programas de práctica compensada, el apoyo a las clínicas de las Escuelas de Derecho y Pro Bono del Colegio de Abogados, y la reformulación de las funciones de entes como la Procuraduría de la Mujer. "Como inicialmente concebimos la Procuraduría en el PIP, fue como una agencia que proveería servicios directas, incluyendo representación legal y además con facultades adjudicativas", puntualizó Santiago.
"Además, es fundamental revisar los criterios para legitimación activa –es decir, quién puede comparecer al tribunal a solicitar un remedio—que ha sido limitado por la jurisprudencia, y darle paso a figuras que ha propuesto el PIP, como la del Procurador del Ambiente, que daría asistencia a personas y comunidades afectadas por proyectos de impacto ambiental", añadió el licenciado Márquez.
Además, ambos abogados subrayaron la importancia de que los ciudadanos reciban orientación adecuada sobre sus derechos, en particular en temas como educación especial, asuntos laborales y temas de familia. Haz clic aquí para modificar.
"La Constitución garantiza asistencia legal en todo caso criminal, sin embargo, para las controversias civiles --algunas de importancia trascendental en la vida de la gente – son pocos los recursos disponibles para servicios de abogado gratuitos o a muy bajo costo", indicó la licenciada Santiago. "Entre estos casos están, por ejemplo, las reclamaciones para que los niños de educación especial reciban los servicios que la ley les garantiza, los casos de las mujeres que buscan protección bajo la ley 54, las madres o los padres que reclaman custodia o pensión alimentaria para sus hijos, y familias que enfrentan problemas de ejecución de hipoteca o de desahucio".
"En armonía con una iniciativa promovida por Servicios Legales de Puerto Rico, presentaremos, como una de nuestras primeras medidas legislativas, un proyecto de ley dirigido a crear el Fondo para la Representación Legal en Casos Civiles, que se nutriría de los intereses generados por el dinero provisto por los clientes a sus abogados como adelanto de los costos de litigios, el cual tendría que ser depositado en cuentas especialmente designadas y reguladas", señaló el licenciado Márquez.
Este sistema, conocido en inglés por sus siglas IOLTA (Interest on Lawyers Trust Accounts, traducible como Programa de Intereses sobre Cuentas Plica de Abogados y Abogadas) genera unos $127 millones anuales a través de los Estados Unidos, donde existe, bien por legislación o por reglamentación del Tribunal Supremo estatal, en todas las jurisdicciones. El Programa funcionaría de la siguiente forma: cuando un cliente entrega dinero a un abogado con el fin de cubrir los costos de un litigio, ese dinero debe ser depositado en una cuenta de plica, separada de fondos que pertenezcan al abogado; esas cuentas devengarían intereses, que pasarían al Fondo, y se distribuirían entre distintas entidades que proveen servicios legales gratuitos en casos civiles.
Este Proyecto funcionaría junto a otras iniciativas, como el compromiso para asignar mayores fondos gubernamentales a organizaciones como la Corporación de Servicios Legales, la extensión de programas de práctica compensada, el apoyo a las clínicas de las Escuelas de Derecho y Pro Bono del Colegio de Abogados, y la reformulación de las funciones de entes como la Procuraduría de la Mujer. "Como inicialmente concebimos la Procuraduría en el PIP, fue como una agencia que proveería servicios directas, incluyendo representación legal y además con facultades adjudicativas", puntualizó Santiago.
"Además, es fundamental revisar los criterios para legitimación activa –es decir, quién puede comparecer al tribunal a solicitar un remedio—que ha sido limitado por la jurisprudencia, y darle paso a figuras que ha propuesto el PIP, como la del Procurador del Ambiente, que daría asistencia a personas y comunidades afectadas por proyectos de impacto ambiental", añadió el licenciado Márquez.
Además, ambos abogados subrayaron la importancia de que los ciudadanos reciban orientación adecuada sobre sus derechos, en particular en temas como educación especial, asuntos laborales y temas de familia. Haz clic aquí para modificar.
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