María de Lourdes Santiago Negrón/Especial para CLARIDAD
Mucho menos se ha hablado de la primera pregunta que figurará en la papeleta, y que propone enmendar la Constitución en nueve renglones, de tal forma que se altere la composición de los distritos electorales y de los dos cuerpos legislativos. Animados, según alegan, por el justiciero espíritu de cumplir una promesa de campaña (¡si tan sólo les hubiera importado tanto honrar la votación sobre la unicameralidad!), los legisladores del PNP proponen, como cura a los males legislativos, una reducción de senadores y representantes, en un esquema que, en realidad, sólo servirá para multiplicar las deficiencias y abusos de los que ya es sede el Capitolio. Y, por aquello de continuar demostrando que él y Fortuño son como gemelos separados al nacer, el Senador García Padilla se ha unido tanto a esta propuesta como a la de limitar el derecho a la fianza.
Mucho menos se ha hablado de la primera pregunta que figurará en la papeleta, y que propone enmendar la Constitución en nueve renglones, de tal forma que se altere la composición de los distritos electorales y de los dos cuerpos legislativos. Animados, según alegan, por el justiciero espíritu de cumplir una promesa de campaña (¡si tan sólo les hubiera importado tanto honrar la votación sobre la unicameralidad!), los legisladores del PNP proponen, como cura a los males legislativos, una reducción de senadores y representantes, en un esquema que, en realidad, sólo servirá para multiplicar las deficiencias y abusos de los que ya es sede el Capitolio. Y, por aquello de continuar demostrando que él y Fortuño son como gemelos separados al nacer, el Senador García Padilla se ha unido tanto a esta propuesta como a la de limitar el derecho a la fianza.
La Asamblea Legislativa es probablemente la institución pública más desacreditada en el país. No se trata, tristemente, de una fama inmerecida. En los últimos cuatrienios, Cámara y Senado se han encargado de proveerle al país un abultado catálogo de razones para convertirse en blanco de desprecios y resentimientos: desde venta de influencias, uso de sustancias ilegales y violencia doméstica, hasta episodios de maltrato a periodistas, garatas en pleno hemiciclo y el uso de las comisiones de ética como trinchera estrictamente partidista. Ese lado oscuro no conoce un lado más luminoso: el descontento se corona con la ausencia de gestiones legislativas que demuestren algún interés, conexión o empatía con la gente común y corriente, ese 99.9% del país que no tiene cabilderos pagos que exijan atención a los mil problemas que hacen amarga la vida en Puerto Rico.
Por eso, la propuesta de reducir el número de legisladores se mercadea bajo la premisa, simplona y falsa, de "menos perros, menos pulgas". El junte Fortuño y García Padilla, quieren hacer creer que si con 80 representantes y senadores tenemos la versión terrenal del infierno, con unos poquitos menos nos acomodamos en el purgatorio, y todos felices. No solamente se equivocan, sino que lo hacen con plena conciencia y la peor de las intenciones, porque el propósito real de esa mal llamada reforma no es otro que perpetuar el bipartidismo, eliminando la posibilidad de que los electores que quieran contar con un tercer –o cuarto– partido en la Legislatura, tengan esa voz que los represente.
Bajo el actual sistema, para ocupar una de las once posiciones por acumulación de cada cuerpo legislativo, un candidato a Cámara o Senado necesita unos ciento cuarenta mil votos. Según la propuesta de enmienda constitucional, al reducir el número de legisladores por acumulación a seis en cada cuerpo, se requerirán cerca de trescientos mil para alcanzar el escaño. En un universo de dos millones de votantes, esto es sencillamente escandaloso. Si, por ejemplo, un cuarto de millón de personas votara por un candidato, ese número sería insuficiente para llevarlo a la Legislatura: una octava parte de los votantes se verían privados de representación. Para el PPD y el PNP, esa "reforma" sería la manera más eficiente de deshacerse de la presencia de las minorías –porque sin minorías, se acaban la fiscalización, los cuestionamientos, las ideas contestatarias, y se facilita la juntilla de conveniencia, la complicidad para el tape de la corrupción y la protección de los intereses que siempre terminan bien representados por rojos y azules. Y es natural: ¿o alguien puede creer que los responsables de la gran vergüenza en la que se ha convertido la Legislatura van a proponer un cambio que subsane los males de los que ellos se nutren?
Para añadir sal a la herida, los defensores de la enmienda constitucional les mienten descaradamente a los votantes cuando alegan que "con menos legisladores, le ahorramos dinero al país". Nunca mejor aplicado el dicho de que quien hace la ley, hace la trampa. En la ley habilitadora del referéndum, se dispone que "toda economía que se genere por virtud de la reducción de escaños de legislativos" no revertirá al fondo de gastos operacionales, sino que irá a un fondo especial que se distribuirá por los mismos legisladores: un nuevo barrilito disfrazado. Pero la realidad es que ni con eso podemos contar, porque lo que acuerden los legisladores de un cuatrienio no obliga a legislaturas posteriores. Toda disposición sobre uso del presupuesto en cuatrienios venideros es totalmente inoficiosa. De hecho, si les interesa tanto el tema de los ahorros en la rama legislativa, ¿qué esperan los candidatos rojos y azules para unirse a la propuesta que hicimos Denis Márquez, nuestro candidato a la Cámara y yo? Ya adelantamos que ninguno de nosotros va a aceptar el pago de dietas y que vamos a impulsar, además, las demás ideas que hemos propuesto para limitar gastos, como reducir el número de comisiones y eliminar los viajes de turismo político de los que gustan tanto algunos senadores y representantes. Y mucho antes, en el cuatrienio en el que fui senadora, propuse por escrito a mis compañeros Populares y Penepés que le diéramos forma a la idea de una sola compensación para los legisladores, determinada por una comisión ajena al Capitolio. Ni en un momento ni en el otro nuestras propuestas han encontrado eco.
Ésos son los elementos que debe sopesar el país el 19 de agosto, recordando, además, que la verdadera reforma legislativa es la que tienen los votantes en sus manos el día de las elecciones generales. Con treinta, con cincuenta o con cien miembros, la Asamblea Legislativa será tan buena como buenos sean cada uno de los senadores y representantes. El camino para que la aspiración de una legislatura decente y trabajadora pueda materializarse comienza con ese primer No.
Por eso, la propuesta de reducir el número de legisladores se mercadea bajo la premisa, simplona y falsa, de "menos perros, menos pulgas". El junte Fortuño y García Padilla, quieren hacer creer que si con 80 representantes y senadores tenemos la versión terrenal del infierno, con unos poquitos menos nos acomodamos en el purgatorio, y todos felices. No solamente se equivocan, sino que lo hacen con plena conciencia y la peor de las intenciones, porque el propósito real de esa mal llamada reforma no es otro que perpetuar el bipartidismo, eliminando la posibilidad de que los electores que quieran contar con un tercer –o cuarto– partido en la Legislatura, tengan esa voz que los represente.
Bajo el actual sistema, para ocupar una de las once posiciones por acumulación de cada cuerpo legislativo, un candidato a Cámara o Senado necesita unos ciento cuarenta mil votos. Según la propuesta de enmienda constitucional, al reducir el número de legisladores por acumulación a seis en cada cuerpo, se requerirán cerca de trescientos mil para alcanzar el escaño. En un universo de dos millones de votantes, esto es sencillamente escandaloso. Si, por ejemplo, un cuarto de millón de personas votara por un candidato, ese número sería insuficiente para llevarlo a la Legislatura: una octava parte de los votantes se verían privados de representación. Para el PPD y el PNP, esa "reforma" sería la manera más eficiente de deshacerse de la presencia de las minorías –porque sin minorías, se acaban la fiscalización, los cuestionamientos, las ideas contestatarias, y se facilita la juntilla de conveniencia, la complicidad para el tape de la corrupción y la protección de los intereses que siempre terminan bien representados por rojos y azules. Y es natural: ¿o alguien puede creer que los responsables de la gran vergüenza en la que se ha convertido la Legislatura van a proponer un cambio que subsane los males de los que ellos se nutren?
Para añadir sal a la herida, los defensores de la enmienda constitucional les mienten descaradamente a los votantes cuando alegan que "con menos legisladores, le ahorramos dinero al país". Nunca mejor aplicado el dicho de que quien hace la ley, hace la trampa. En la ley habilitadora del referéndum, se dispone que "toda economía que se genere por virtud de la reducción de escaños de legislativos" no revertirá al fondo de gastos operacionales, sino que irá a un fondo especial que se distribuirá por los mismos legisladores: un nuevo barrilito disfrazado. Pero la realidad es que ni con eso podemos contar, porque lo que acuerden los legisladores de un cuatrienio no obliga a legislaturas posteriores. Toda disposición sobre uso del presupuesto en cuatrienios venideros es totalmente inoficiosa. De hecho, si les interesa tanto el tema de los ahorros en la rama legislativa, ¿qué esperan los candidatos rojos y azules para unirse a la propuesta que hicimos Denis Márquez, nuestro candidato a la Cámara y yo? Ya adelantamos que ninguno de nosotros va a aceptar el pago de dietas y que vamos a impulsar, además, las demás ideas que hemos propuesto para limitar gastos, como reducir el número de comisiones y eliminar los viajes de turismo político de los que gustan tanto algunos senadores y representantes. Y mucho antes, en el cuatrienio en el que fui senadora, propuse por escrito a mis compañeros Populares y Penepés que le diéramos forma a la idea de una sola compensación para los legisladores, determinada por una comisión ajena al Capitolio. Ni en un momento ni en el otro nuestras propuestas han encontrado eco.
Ésos son los elementos que debe sopesar el país el 19 de agosto, recordando, además, que la verdadera reforma legislativa es la que tienen los votantes en sus manos el día de las elecciones generales. Con treinta, con cincuenta o con cien miembros, la Asamblea Legislativa será tan buena como buenos sean cada uno de los senadores y representantes. El camino para que la aspiración de una legislatura decente y trabajadora pueda materializarse comienza con ese primer No.
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