San Juan, Puerto Rico. 4 de abril de 2012. - Como “una ofensa a los despedidos por la Ley 7, y a los miles de empleados públicos de carrera a los que no se les concede aumento de salario ni mejoras en sus condiciones de trabajo”, denunció hoy el candidato a la Cámara por el Partido Independentista, Lcdo. Denis Márquez el P de la C 3889.
La medida propone convertir en empleados de carrera a los empleados transitorios que lleven más de seis meses en sus puestos, aun cuando ello requiera forzar la creación de puestos nuevos y alterar clasificaciones por la vía legislativa. De esta forma, se garantiza la permanencia de los transitorios nombrados por esta administración, a pesar de que bajo la Ley 7 se despidieron miles de empleados que alegadamente no eran necesarios y que sólo alimentaban el llamado gigantismo gubernamental.
El proyecto dispone que “de no existir puestos permanentes vacantes se crearán los mismos”; establece que para los empleados “que no reúnan los requisitos mínimos…se crearán puestos de clasificación distinta”; crea un “derecho de preferencia” en perjuicio de futuros aspirantes a servidores públicos, privilegia a los empleados de confianza que antes eran transitorios, creando para ellos puestos de carrera; interviene indebidamente con los planes de clasificación y retribución, e incluye a los municipios y a las corporaciones públicas, que para efectos de personal funcionan de forma separada del gobierno central.
“Esta medida va en contra de todo concepto de buena administración pública, y desprecia escandalosamente el principio de mérito en el servicio público”, señaló el licenciado Márquez, quien durante quince años ha defendido empleados públicos y a organizaciones que los agrupan, en foros administrativos y judiciales, “y sólo puede explicarse por el interés de seguir usando el empleo público como moneda de cambio por votos”, concluyó.
La medida propone convertir en empleados de carrera a los empleados transitorios que lleven más de seis meses en sus puestos, aun cuando ello requiera forzar la creación de puestos nuevos y alterar clasificaciones por la vía legislativa. De esta forma, se garantiza la permanencia de los transitorios nombrados por esta administración, a pesar de que bajo la Ley 7 se despidieron miles de empleados que alegadamente no eran necesarios y que sólo alimentaban el llamado gigantismo gubernamental.
El proyecto dispone que “de no existir puestos permanentes vacantes se crearán los mismos”; establece que para los empleados “que no reúnan los requisitos mínimos…se crearán puestos de clasificación distinta”; crea un “derecho de preferencia” en perjuicio de futuros aspirantes a servidores públicos, privilegia a los empleados de confianza que antes eran transitorios, creando para ellos puestos de carrera; interviene indebidamente con los planes de clasificación y retribución, e incluye a los municipios y a las corporaciones públicas, que para efectos de personal funcionan de forma separada del gobierno central.
“Esta medida va en contra de todo concepto de buena administración pública, y desprecia escandalosamente el principio de mérito en el servicio público”, señaló el licenciado Márquez, quien durante quince años ha defendido empleados públicos y a organizaciones que los agrupan, en foros administrativos y judiciales, “y sólo puede explicarse por el interés de seguir usando el empleo público como moneda de cambio por votos”, concluyó.
RSS Feed