Los aspirantes a legisladores informaron además que en caso de que el Gobernador no acoja su petición, bajo ningún concepto el PIP aceptará la criminalización de la libertad de expresión como un disuasivo para ejercer sus derechos, y que si en algún momento se intenta penalizar a algún militante independentista, se impugnará la constitucionalidad el estatuto. “En el pasado retamos a la Marina de Estados Unidos, antes de eso el carpeteo quiso silenciarnos; hoy la hipersensibilidad de ciertos legisladores no va a detenernos”, indicó la licenciada Santiago Negrón.
Por su parte, el candidato a la Cámara, Denis Márquez indicó que “este proyecto busca restringir expresiones que pueden estar protegidos, de convertirse en ley, se expone el país a la vergüenza internacional. Si Fortuño lo firma, el PIP se compromete a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, American Civil Liberties Union y la Internacional Socialista, que intervengan, cada cual en la medida de sus facultades, sobre este atentado contra la libre expresión”.
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