Por Antonio R. Gómez/[email protected]
El Nuevo Día
El acuerdo para traspasar la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín a un consorcio privado podría terminar en los tribunales y el demandante podría ser una empresa que sostiene que la Autoridad de los Puertos está violando un acuerdo que le obliga a reembolsarle los costos de la cuantiosa inversión que hizo en esa terminal.
El Nuevo Día
El acuerdo para traspasar la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín a un consorcio privado podría terminar en los tribunales y el demandante podría ser una empresa que sostiene que la Autoridad de los Puertos está violando un acuerdo que le obliga a reembolsarle los costos de la cuantiosa inversión que hizo en esa terminal.
La voz de alerta la dieron hoy los candidatos a la Legislatura por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, quienes hicieron pública una carta que envió la compañía Caribbean Airport Facilities (CAF) a la Administración Federal de Aviación (FAA), (por sus siglas en inglés) con el reclamo y la advertencia. Dicha carta tiene fecha del 29 de mayo de 2012.
CAF, explicaron los dirigentes pipiolos, es una empresa que se dedica al manejo terrestre de la carga en el aeropuerto y a otros servicios. Indican que en el año 1988, CAF y la Autoridad de Puertos suscribieron un acuerdo mediante el cual la primera invertiría varios millones de dólares en la construcción de ciertas facilidades para carga y pasajeros, a cambio de un crédito aplicable a la renta que CAF pagaría por el uso de los terrenos objetos del contrato.
El acuerdo, agregan, se ha renovado en varias ocasiones. CAF cobra además por los servicios que se prestan en dicho espacio.
“A esta fecha, el valor de los créditos adeudados a CAF por razón de su inversión se calcula entre $19 millones (estimado de Puertos) y $41 millones (estimado de CAF). Tras un intento fallido de venta, Puertos inició a principios de año un proceso para expropiar el interés de CAF en el acuerdo arrendatario, pero desistió. En todo caso, CAF reclama que la información sobre el monto de los créditos no le fue provista a los tasadores comisionados por la Autoridad de Puertos y que por lo tanto el valor que se le reconocería, de cancelarse el arrendamiento, sería muy inferior al real”, relatan en comunicado de prensa.
"En su comunicación a la FAA, los representantes legales de CAF advierten que, de no considerarse los intereses de su cliente en el proceso de privatización, estarán acudiendo a los tribunales", agregaron.
“Independientemente de quién tenga la razón en esa controversia, es fundamental que se aclare qué posición asumirá la Autoridad de Puertos, pues sería el colmo, que, tras someter al país a un negocio perdidoso como es la privatización del aeropuerto, también nos expusiéramos a un litigio que le costará aún más dinero a los puertorriqueños”, señaló Márquez, candidato a la Cámara por acumulación.
“Esta nueva interrogante se une a los demás cuestionamientos que han alarmado al país, sobre un proceso en el que, nuevamente, el gobierno cede a la prisa por generar una ganancia inmediata, aunque a largo plazo la pérdida supere cualquier beneficio”, declaró Santiago, candidata al Senado.
Según la copia que ofrecieron los candidatos de la extensa comunicación que envió la mencionada empresa a la FAA, esta denuncia que sus intereses nunca fueron considerados en el proceso de aprobación del programa piloto que podría culminar en la APP para el aeropuerto.
“Específicamente, la FAA y la APPR fallaron al no considerar los intereses de otros sectores, tales como CAF, y limitó su evaluación a los intereses de las aerolíneas operando en el aeropuerto. Es importante subrayar que estos otros sectores, que incluyen a CAF, tienen un interés establecido (vested interest) mucho mayor que el de las líneas aéreas”, dice. Estima en sobre $50 millones la inversión que tiene CAF en el aeropuerto.
“Dada esta situación, dice la misiva, CAF no tiene otra alternativa en este momento que solicitar a la FAA que cancele el proceso de subasta bajo el programa piloto de Alianza Publico-Privada para asegurar la protección adecuada de los intereses de propiedad y arrendamiento de CAF”
“Esta carta, añade, la comunicación, “tiene también el propósito de proveer notificación formal a la FAA de que CAF de propone presentar acción legal contra la FAA, dentro de los próximos 30 días si este asunto no se atiende de forma apropiada”.
El gobierno de Puerto Rico logró ya un acuerdo con el consorcio Aerostar Airport Holdings, integrado por el mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y la estadounidense Highstar Capital, para la operación privada del aeropuerto por los próximos 40 años.
Noticia tomada de El Nuevo Día
CAF, explicaron los dirigentes pipiolos, es una empresa que se dedica al manejo terrestre de la carga en el aeropuerto y a otros servicios. Indican que en el año 1988, CAF y la Autoridad de Puertos suscribieron un acuerdo mediante el cual la primera invertiría varios millones de dólares en la construcción de ciertas facilidades para carga y pasajeros, a cambio de un crédito aplicable a la renta que CAF pagaría por el uso de los terrenos objetos del contrato.
El acuerdo, agregan, se ha renovado en varias ocasiones. CAF cobra además por los servicios que se prestan en dicho espacio.
“A esta fecha, el valor de los créditos adeudados a CAF por razón de su inversión se calcula entre $19 millones (estimado de Puertos) y $41 millones (estimado de CAF). Tras un intento fallido de venta, Puertos inició a principios de año un proceso para expropiar el interés de CAF en el acuerdo arrendatario, pero desistió. En todo caso, CAF reclama que la información sobre el monto de los créditos no le fue provista a los tasadores comisionados por la Autoridad de Puertos y que por lo tanto el valor que se le reconocería, de cancelarse el arrendamiento, sería muy inferior al real”, relatan en comunicado de prensa.
"En su comunicación a la FAA, los representantes legales de CAF advierten que, de no considerarse los intereses de su cliente en el proceso de privatización, estarán acudiendo a los tribunales", agregaron.
“Independientemente de quién tenga la razón en esa controversia, es fundamental que se aclare qué posición asumirá la Autoridad de Puertos, pues sería el colmo, que, tras someter al país a un negocio perdidoso como es la privatización del aeropuerto, también nos expusiéramos a un litigio que le costará aún más dinero a los puertorriqueños”, señaló Márquez, candidato a la Cámara por acumulación.
“Esta nueva interrogante se une a los demás cuestionamientos que han alarmado al país, sobre un proceso en el que, nuevamente, el gobierno cede a la prisa por generar una ganancia inmediata, aunque a largo plazo la pérdida supere cualquier beneficio”, declaró Santiago, candidata al Senado.
Según la copia que ofrecieron los candidatos de la extensa comunicación que envió la mencionada empresa a la FAA, esta denuncia que sus intereses nunca fueron considerados en el proceso de aprobación del programa piloto que podría culminar en la APP para el aeropuerto.
“Específicamente, la FAA y la APPR fallaron al no considerar los intereses de otros sectores, tales como CAF, y limitó su evaluación a los intereses de las aerolíneas operando en el aeropuerto. Es importante subrayar que estos otros sectores, que incluyen a CAF, tienen un interés establecido (vested interest) mucho mayor que el de las líneas aéreas”, dice. Estima en sobre $50 millones la inversión que tiene CAF en el aeropuerto.
“Dada esta situación, dice la misiva, CAF no tiene otra alternativa en este momento que solicitar a la FAA que cancele el proceso de subasta bajo el programa piloto de Alianza Publico-Privada para asegurar la protección adecuada de los intereses de propiedad y arrendamiento de CAF”
“Esta carta, añade, la comunicación, “tiene también el propósito de proveer notificación formal a la FAA de que CAF de propone presentar acción legal contra la FAA, dentro de los próximos 30 días si este asunto no se atiende de forma apropiada”.
El gobierno de Puerto Rico logró ya un acuerdo con el consorcio Aerostar Airport Holdings, integrado por el mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y la estadounidense Highstar Capital, para la operación privada del aeropuerto por los próximos 40 años.
Noticia tomada de El Nuevo Día
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